jueves, 5 de mayo de 2016

ENTRE 2011-2014 SE PRESENTARON 539 CONFLICTOS SOCIALES EN PERÚ

En los últimos cuatro años se han identificado 539 conflictos sociales, de los cuales 153 están vinculados a los recursos hídricos y mineros, según indica el informe final aprobado en sesión extraordinaria realizada por el Grupo de Trabajo “Conflictos Socio-ambientales en el país y el Marco Legal Ambiental”, que preside el congresista independiente huancaíno, Jhonny Cárdenas Cerrón. El documento precisa que 151 casos están activos y 63 latentes. Puntualiza que en Apurímac hay identificados 22 casos; en Áncash 16; en Piura 19; en Cajamarca 14; en Loreto 13 y en Ayacucho y Junín 12 casos identificados, de acuerdo a los informes de la Defensoría del Pueblo.

“Estos conflictos sociales son una verdadera “bomba de tiempo” que en cualquier momento puede estallar. Los responsables de esos problemas, en primer lugar, es el Gobierno Nacional que no ha sabido cerrar la brecha que hay entre el Estado y las poblaciones y los gobiernos nacionales y municipalidades que no solucionaron las necesidades de las comunidades que habitan, en su mayoría, cerca de los yacimientos mineros”, expresó Cárdenas en la sala Quiñones del Palacio Legislativo.
Consideró que esta situación constituye un gran reto para el próximo presidente de la República y su gobierno. “Hemos escuchado muchos planes gubernamentales de los dos candidatos presidenciales para solucionar los conflictos sociales. Ojalá que los ejecuten para lograr la paz social y el desarrollo del país y no cometer errores de los actuales y anteriores gobernantes”, remarcó.
El congresista de Fuerza Popular, Fredy Sarmiento destacó, por su parte, las diferentes conclusiones a las que arribó el grupo de trabajo, entre ellas la de solicitar al Ministerio de Vivienda y Saneamiento un informe de todos los proyectos de inversión en infraestructura que se han ejecutado, así como al Ministerio de Energía y Minas, para saber qué es lo que ha hecho en política minera, energética e hidrocarburos, que deberá ser entregado a la brevedad.
Tanto Sarmiento como Cárdenas manifestaron que las mesas de diálogo son una buena medida para solucionar conflictos, pero anotaron que se convierten en estériles cuando el Estado, integrante principal del trato, no honra con sus compromisos y crea malestar en las poblaciones que se convulsionan y originan el caos.
“La política de la ‘mecida’ es indignante y debe acabar”, expresaron los parlamentarios. Cárdenas señaló que este informe final será elevado a la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Leyla Chihuán Ramos, a fin de que se apruebe.
También informó que debería aprobarse la edición de un libro que contendrá lo concerniente a los conflictos sociales y al marco legal que rige a los sectores Minería, Vivienda, Ambiente, Energía y Minas, PCM y otros portafolios responsables de la situación actual en el interior del país. 

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