miércoles, 1 de marzo de 2017

BACHILLERES NO SON CONSIDERADOS ALTAMENTE CALIFICADOS

La derogatoria de un artículo del Decreto Legislativo emitido por el Poder Ejecutivo que, según el parecer de la mayoría parlamentaria, flexibilizaba los requisitos para la contratación de personal en el sector público conducente a ser considerados los bachilleres como altamente calificados, fue aprobada por la Comisión Permanente tras un amplio debate dirigido por la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. En consecuencia, la propuesta aprobada, en primera votación, plantea la vigencia tal cual de la Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público, la que establece el grado académico de maestría o de doctor para ser considerado en ese nivel profesional.

El Decreto Legislativo N° 1337, dado por el Poder Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades otorgado por el Poder Legislativo, ampliaba a esos requisitos el de bachiller con diez años de experiencia. En consecuencia, no serán considerados como altamente calificados.
La discusión se centró en el hecho de que la labor parlamentaria con relación a su función de control sobre la legislación delegada se circunscribía a lo establecido por la Constitución y el Reglamento del Congreso, vale decir, analizar la forma o también el contenido de los decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo al artículo 90 del Reglamento del Congreso en el caso que los decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso, éste recomienda su derogación o modificación para subsanar el exceso o la contravención.
El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Miguel Torres Morales, se encargó de la sustentación del dictamen en mayoría señalando que la flexibilización de los requisitos para otorgar el nivel de personal altamente calificado a quienes solo ostenten el grado de bachiller no tiene una relación directa con el argumento de la optimización del servicio público.
El legislador Mauricio Mulder, sostuvo que la observación de la comisión es de fondo y no de forma. “Yo puedo estar en desacuerdo con la propuesta, pero el proceso a seguir es debatir el tema con la presentación de un proyecto. Ahora solo corresponde evaluar si es anticonstitucional o si exceden la delegación de facultades otorgadas”, afirmó. Vicente Zeballos y Juan Sheput, coincidieron con el congresista aprista.
El legislador Héctor Becerril dijo que el decreto legislativo en referencia, en algunos casos, tenía nombre propio, como en el de un funcionario del Ministerio de Educación.

Para su colega de bancada, Segundo Tapia, el Poder Ejecutivo se excedió en sus funciones al legislar en materia laboral y, por tanto, corresponde al Congreso subsanar el error. Con otros argumentos los congresistas del Frente Amplio, Marisa Glave y Marco Arana, dijeron que se había tocado temas laborales que no habían sido materia de delegación.

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